Vivimos en una época en la que la información se considera un activo extremadamente valioso para tomar mejores decisiones. La sociedad exige que las empresas de medios y agentes implicados en el proceso de comunicación sean vistos como interlocutores válidos que ven las legítimas demandas de los ciudadanos y deben ser tenidos en cuenta a la hora de generar información que les concierne. Esto significa que la actividad informativa se considera un servicio público, por el impacto, beneficios, riesgos e implicaciones que trae la práctica profesional de la comunicación.
Las universidades que participan en la formación de profesionales relacionados con la generación, comunicación y difusión de contenidos mediáticos, son partícipes y son también responsables de esta nueva visión de la gestión de la información, ya que son, a través de sus actividades académicas, un soporte donde construyen las prioridades y valores de los futuros agentes que intervienen en el trabajo de la información.
Debemos promover un nivel de reflexión profunda entre los futuros profesionales de la comunicación y generadores de información; esto es decisivo para desarrollar un sentido de compromiso con lo que significa la responsabilidad de informar.
La obligación de facilitar información legítima recae en todo aquel que se dedique a la comunicación, estando sujeto a la obligación moral de buscar y respetar la información que facilite, evitando la influencia de ideologías, creencias o intereses particulares que pudieran acentuarla o atenuarla, compartir, repartir. El derecho a la información no es propiedad del comunicador, ni de la empresa de medios, sino de los ciudadanos, por lo que la objetividad de la información brindada resulta ser una de las mayores responsabilidades de este tipo de organizaciones y organizaciones.
